La Fiscalía General de la República fijó su postura sobre las solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, al señalar que la petición no cuenta con pruebas suficientes para proceder legalmente en territorio mexicano.
A través de un posicionamiento oficial, la dependencia federal informó que analizará a fondo la documentación recibida por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores para determinar si existen elementos probatorios que justifiquen una acción penal o la viabilidad de una eventual extradición.
El vocero de la FGR, Ulises Lara López, precisó que el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos establece con claridad que una extradición solo puede concederse cuando existan pruebas suficientes conforme a la legislación mexicana, situación que, hasta ahora, no se cumple en este caso.
Además, la Fiscalía cuestionó la difusión pública del caso por parte de autoridades estadounidenses, al señalar que la información entregada a México estaba sujeta a protocolos de confidencialidad internacional, por lo que su divulgación podría representar una violación a esos acuerdos bilaterales.
En paralelo, la FGR anunció que iniciará su propia investigación para allegarse de información y determinar si existen fundamentos legales que permitan solicitar órdenes de aprehensión en territorio nacional.
El caso ha generado tensión política y diplomática luego de que fiscales de Nueva York señalaran a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios de presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones que han sido rechazadas por los involucrados.
