Una jueza de Miami, Florida, firmó una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunta participación en una conspiración para cometer asesinato en primer grado, relacionada con el derribo de dos avionetas civiles ocurrido el 24 de febrero de 1996.
El ataque provocó la muerte de cuatro personas que viajaban en las aeronaves de la organización Hermanos al Rescate.
La orden fue firmada el viernes y aprobada por Ariana Fajardo Orshan, jueza presidenta del Undécimo Circuito Judicial de Florida, tras una investigación del Departamento de Aplicación de la Ley del estado.
La información fue dada a conocer por los medios estadounidenses Miami Herald y Tampa Bay Times a partir de documentos judiciales.
La declaración jurada que respalda la orden sostiene que existen motivos fundados para considerar que Raúl Modesto Castro Ruz habría llegado a un acuerdo con otras personas para cometer asesinato en primer grado contra los ocupantes de las avionetas. La investigación estatal señala que presuntos integrantes de una red de espionaje cubana operaban en Miami y Cayo Hueso, donde habrían obtenido información sobre los vuelos de Hermanos al Rescate.
Esta organización civil, con sede en Miami, realizaba operaciones de búsqueda y asistencia para cubanos que intentaban abandonar la isla. Según los documentos judiciales, personas infiltradas en el grupo habrían transmitido información sobre sus vuelos a las autoridades cubanas. La declaración también refiere que los integrantes de la red recibieron instrucciones de no volar con la organización entre el 24 y el 27 de febrero de 1996.
El 24 de febrero de ese año, aeronaves de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos avionetas de Hermanos al Rescate. En el ataque murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Tres de las víctimas eran ciudadanos estadounidenses y una contaba con residencia permanente legal en Estados Unidos, según el Departamento de Justicia de ese país.
La ubicación del derribo es uno de los puntos centrales del caso. El gobierno cubano sostuvo entonces que las aeronaves habían ingresado en su espacio aéreo, mientras que Estados Unidos y una investigación de Naciones Unidas concluyeron que el ataque ocurrió sobre aguas internacionales.
Las autoridades de Florida argumentan que tienen jurisdicción para investigar debido a las actividades que presuntos integrantes de la red de espionaje habrían realizado en territorio estadounidense.
La nueva orden se suma a un procedimiento federal anunciado el 20 de mayo de 2026 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que presentó cargos contra Castro y otros cinco hombres por su presunta responsabilidad en la muerte de los cuatro ocupantes, la destrucción de las aeronaves y una conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses.
