La reforma constitucional al Poder Judicial que se discute en el Senado mexicano ha generado serias preocupaciones entre expertos y actores clave del sistema judicial. La directora del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal y presidenta de la asociación Justicia Independiente, Rosa Elena Alonso, advirtió que la aprobación de dicha reforma, sin las debidas mejoras, podría desatar un caos en el sistema judicial del país.
Impacto potencial de la reforma en el sistema judicial
Alonso destacó que la remoción de aproximadamente 10 mil jueces y colaboradores, tal como se prevé en la reforma, podría tener consecuencias devastadoras. Este cambio afectaría directamente miles de expedientes en proceso, lo que a su vez impactaría a las personas y entidades involucradas en esos casos. La estabilidad y continuidad del sistema judicial mexicano se verían seriamente comprometidas, lo que podría desembocar en una parálisis del mismo.
Preparativos para un paro de actividades
Durante una conferencia de prensa en el Senado, Alonso reveló que el personal judicial está considerando un paro de actividades como una medida extrema si los diputados de MORENA no realizan modificaciones sustanciales a la reforma. La postura de los legisladores, que han mostrado rechazo a las opiniones de la sociedad civil, académicos y miembros de la Judicatura, fue calificada por Alonso como una «mala señal para la República».
Este paro sería una respuesta desesperada, ya que la intención de los trabajadores del sistema judicial no es simplemente oponerse a la reforma, sino asegurar que cualquier cambio se haga de manera integral y con el máximo consenso posible.
Independencia judicial en riesgo
Uno de los puntos más críticos señalados por Alonso es la amenaza que esta reforma representa para la independencia judicial en México. La propuesta actual, según Alonso, podría destruir la imparcialidad de los tribunales al comprometer el sistema de permanencia y ascensos que actualmente se basa en la carrera judicial. Este sistema es fundamental para garantizar que los jueces y magistrados sean seleccionados y promovidos en función de sus méritos y no por influencias externas.
Repercusiones laborales
Por otro lado, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, también se pronunció sobre los riesgos laborales que conlleva la reforma. Mancera mencionó que la posible sustitución de más de mil 700 personas, sumado al personal de confianza afectado, podría traducirse en miles de trabajadores perjudicados. El senador defendió el derecho de estos empleados a luchar por la estabilidad laboral y la protección de la carrera judicial, no solo por el bien personal, sino también por el de sus familias.
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