De forma unánime el Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó la reforma que adiciona un segundo párrafo al artículo 123 constitucional, que eleva a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que garantiza un apoyo económico y la capacitación para el trabajo a las y los jóvenes, entre 18 a 29 años.
El Estado otorgará un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente, que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando algún nivel de educación formal, a n de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta doce meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas, en los términos que je la ley.
A la sesión extraordinaria asistieron 35 de los 40 diputados de las siete fuerzas políticas, que respaldaron la minuta, coincidieron que esta medida responde a una realidad social documentada, en la que la falta de oportunidades productivas ha derivado en exclusión, precarización laboral y, en algunos casos, en la captación de jóvenes por actividades ilícitas. Ante ello, la intervención del Estado, además de una obligación constitucional, es una necesidad impostergable para fortalecer la cohesión social y el desarrollo económico del país.
Se estipula que el Estado está obligado a brindar educación a la población en los niveles básicos y a la par debe crear las condiciones para hacer efectivo el derecho de todas las personas al trabajo, en especial de los jóvenes, es claro que también tiene la responsabilidad correlativa y reforzada de apoyar económicamente a los jóvenes que no estén cursando algunos de los niveles de educación y que carecen de empleo, para atender sus necesidades fundamentales y crear o fortalecer sus habilidades para que, en un futuro, se puedan incardinar al trabajo.
Es por ello, que al elevar a rango constitucional dicho apoyo económico para las y los jóvenes, se está asegurando su permanencia y garantizando que las juventudes mexicanas tengan acceso a oportunidades laborales, sin que esto dependa de la voluntad política de cada administración.
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