La asignación de contratos de obra pública en Mazatlán quedó bajo observación tras una revisión de la Auditoría Superior del Estado (ASE), que detectó una concentración de proyectos en un grupo reducido de empresas y particulares.
De acuerdo con los resultados de la fiscalización, el Ayuntamiento otorgó 51 contratos y el 61 por ciento se adjudicó directamente, sin recurrir a una licitación pública.
Las observaciones forman parte de la revisión de la cuenta pública municipal, en la que se analizaron los procedimientos utilizados para contratar obras durante el ejercicio fiscal 2025.
Según los resultados difundidos, la ASE advirtió que la distribución de los trabajos no cumplió plenamente con los principios de imparcialidad y equidad que deben regir el uso de los recursos públicos. La concentración de contratos en 12 contratistas encendió cuestionamientos sobre las condiciones de competencia para participar en los proyectos municipales.
La adjudicación directa es un mecanismo permitido bajo determinados supuestos legales; sin embargo, la auditoría señaló que su uso predominante y la distribución de las obras deben revisarse para garantizar transparencia y condiciones equitativas entre los participantes.
Obras sin contratar y observaciones al programa anual
Las irregularidades se suman a otros señalamientos sobre la ejecución de obra pública en el municipio, encabezado por la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.
En una revisión del programa anual de 2025, la ASE documentó que, de los 133 proyectos autorizados, solamente 90 fueron contratados. Las 43 obras restantes representaron recursos programados por más de 101 millones de pesos que no llegaron a formalizarse mediante contratos durante ese ejercicio.
Estos resultados abrieron interrogantes sobre la planeación de los proyectos, la capacidad de ejecución del Ayuntamiento y los mecanismos para distribuir los trabajos entre los integrantes del padrón de contratistas.
Las observaciones de la auditoría colocan la transparencia en la contratación de obra pública entre los asuntos pendientes de la administración municipal. El seguimiento a las recomendaciones permitirá conocer qué medidas se adoptan para mejorar los procedimientos de asignación y fortalecer la rendición de cuentas sobre el presupuesto destinado a infraestructura.
La revisión de la ASE no implica por sí misma que exista responsabilidad penal; las observaciones deben atenderse conforme a los procedimientos de fiscalización y solventación correspondientes.
