En sesión ordinaria, el Congreso del Estado aprobó diversas modificaciones al Código Penal con el objetivo de combatir actos ilícitos cometidos por servidores públicos.
Por decisión unánime se aprobó en el Congreso del Estado, las reformas al Código Penal del Estado, para ampliar las sanciones económicas y de prisión en contra de servidores públicos que incurran en actos de corrupción, delitos patrimoniales.
El dictamen aprobado con 36 votos a favor integró a siete iniciativas, que se integraron nuevos tipos penales como delitos por hechos de corrupción, pues el “ejercicio indebido y abandono del servicio público” cambia su denominación a “ejercicio ilícito del servicio público”.
Fue reformada la denominación del Título Segundo “de los delitos por hechos de corrupción” en los siguientes delitos: ejercicio ilícito de servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, remuneración ilícita, abuso de autoridad, intimidación, coalición de servidores públicos, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias.
Además con estas reformas quedó implícito aplicar sanciones además de servidores públicos a policías y otros funcionarios de seguridad, pues en caso de estar presentes en el momento de cometerse un delito, omitan cumplir con sus obligaciones legales de intervenir. Se les impondrán entre dos y seis años de cárcel.
Se volvieron imprescriptibles delitos como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, la malversación de fondos y delitos similares, cuando los funcionarios públicos obtienen ventajas financieras para ellos o sus familias.
Queda prohibido designar a parientes hasta el cuarto grado para cargos públicos o darles contratos gubernamentales, imponiendo cárcel de uno a tres años por cometer actos de nepotismo.
De la misma forma será castigada la difusión de imágenes o información que vulneren la dignidad de víctimas de delitos cometidos por funcionarios públicos.
La obstrucción a la revisión del uso de recursos públicos también se considerará ahora una forma de abuso de autoridad en las reformas al código penal sinaloense.
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