Debido a las compras erróneas de luminarias a la empresa Azteca Lighting, mientras era Presidente Municipal de Mazatlán, “El Químico” Benítez Torres fue imputado por el delito de desempeño irregular de función pública.
La Fiscalía General del Estado lo acusó a él y al ex Tesorero, Jesús Javier Alarcón Lizárraga por el contrato de 34 millones 971 46.64 pesos por 198 lámparas y también por el contrato de 400 millones 864 mil 204.47 pesos por 2 mil 129 luminarias, ambos por adjudicación directa.
Mientras que los ex funcionarios, Javier Lira González, ex Oficial Mayor; José de Jesús Flores Segura, ex Secretario; y José Daniel Tirado Zamudio, ex director de Obras Públicas del Ayuntamiento porteño, han sido señalados por el contrato de 34 millones 971 46.64 pesos
El Juez dictó como medidas cautelares que los imputados no podrán abandonar el País sin autorización previa, así como también deberán de acudir una vez al mes a la Unidad de Medidas Cautelares en Mazatlán, a excepción de Tirado Zamudio, que irá una vez cada dos meses.
Entre las principales acusaciones de la Fiscalía General del Estado fue que el contrato no se realizó de manera correcta, sino que fue una presunta simulación por parte del comité de adquisiciones, además de qué esta fue una licitación directa.
Además se indicó que la sindica procuradora detectó un sobrecoste en la compra de las luminarias, pues en cotizaciones anteriores se habían visto luminarias de 20 mil pesos por unidad, pero estas nuevas luminarias tenían un coste de 100 mil pesos por unidad.
También se añadió que la empresa no se encuentra en el padrón de proveedores del Ayuntamiento de Mazatlán, ya que la forma correcta debió ser por medio de una licitación pública, cosa que no se realizó.
Por esto, se le acusó Benítez torres de haber causado un daño patrimonial por 95 millones de pesos en el primer contrato y 60 millones de pesos por un anticipo en el segundo contrato.
Por ende será hasta en unos días que se resuelva la situación jurídica del ex alcalde de Mazatlán, y se sabrá si este será vinculado a proceso por el delito que la ley señala como desempeño regular de la función pública.