La polémica en torno al recién creado Fondo de Pensiones para el Bienestar no cesa, y ahora toma un giro legal con la presentación de una demanda de amparo por parte de más de 700 trabajadores del sector público y privado. Esta acción legal, liderada por el despacho Trusan & Roma, marca el inicio de un enfrentamiento jurídico frente a una medida gubernamental que ha levantado serias preocupaciones.
El abogado Rodolfo Martínez Ayala, representante del despacho, explicó que la demanda se fundamenta en la afectación directa a la planificación financiera de los trabajadores. Según Martínez Ayala, el Fondo de Pensiones para el Bienestar atenta contra la seguridad jurídica al ser retroactivo y modificar las reglas previamente establecidas.
La creación de este fondo, aprobada en una sesión nocturna del Senado el pasado 26 de abril, ha generado un intenso debate que se prolongó por más de ocho horas. El fondo se nutrirá de recursos provenientes de cuentas de afores no reclamadas por personas mayores de 70 años, así como de utilidades de proyectos gubernamentales como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
La medida, impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, implica reformas a diversas leyes relacionadas con el sistema de pensiones y el presupuesto. Publicada el 30 de abril en el Diario Oficial de la Federación, la iniciativa ha desencadenado una serie de acciones legales por parte de sectores preocupados por el impacto en sus ahorros.
El despacho legal Trusan & Roma anticipa que esta demanda de amparo es sólo el comienzo, ya que se espera que más trabajadores del sector público se sumen en las próximas semanas. Según los abogados, el modelo de financiamiento del fondo plantea serias dudas sobre su sostenibilidad, comparándolo con un esquema Ponzi o piramidal en el ámbito financiero.
En conclusión, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar no sólo ha generado un intenso debate político, sino que también ha desatado una batalla legal que podría prolongarse en el tiempo. Los trabajadores, preocupados por el destino de sus ahorros, buscan en la justicia un recurso para proteger sus derechos financieros ante una medida gubernamental controvertida y cuestionada por su viabilidad a largo plazo.
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