Louisiana ha hecho historia al convertirse en el primer estado de Estados Unidos en permitir que los jueces ordenen la castración quirúrgica para los delincuentes condenados por ciertos crímenes sexuales contra menores, bajo una nueva ley firmada por el gobernador republicano Jeff Landry.
Históricamente utilizada en países conocidos por sus severas sanciones penales como la República Checa y Nigeria, la castración quirúrgica representa una novedad dentro de Estados Unidos.
Entrando en vigor el próximo 1 de agosto, la nueva ley de Louisiana busca disuadir a las personas de cometer delitos sexuales contra menores. Sin embargo, los críticos argumentan que el castigo constituye un tratamiento «cruel e inusual», posiblemente violando la Constitución de Estados Unidos, y probablemente la nueva ley enfrentará desafíos legales.
La legislación otorga a los jueces de Louisiana la discreción para sentenciar a individuos declarados culpables de delitos sexuales agravados —como violación, incesto y abuso sexual— contra niños menores de 13 años a castración quirúrgica. Esta pena no será automática y dependerá de las circunstancias específicas de cada caso.
Actualmente, Louisiana tiene encarceladas a 2,224 personas por estos crímenes. La ley se aplicará exclusivamente a delitos cometidos después del 1 de agosto de este año.
Varios estados, incluyendo California, Florida y Texas, tienen leyes que permiten la castración química de ciertos delincuentes sexuales. En algunos casos, los delincuentes pueden optar por la castración quirúrgica, pero ningún otro estado permite que los jueces la impongan directamente, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.
Louisiana ha permitido a los jueces ordenar la castración química para delincuentes sexuales condenados por delitos contra menores durante los últimos 16 años, pero esta pena rara vez se ha implementado.
Mientras que la castración química implica el uso de medicamentos para reducir la producción de testosterona y controlar los impulsos sexuales, la castración quirúrgica es un procedimiento más invasivo que implica la extirpación de los testículos u ovarios.
Los delincuentes que se nieguen o no cumplan con someterse a la castración quirúrgica ordenada por un juez podrían enfrentar penas adicionales de tres a cinco años de prisión por incumplimiento, según lo estipulado por la ley.
El proyecto de ley recibió un apoyo abrumador en ambas cámaras de la legislatura estatal, donde los republicanos tienen la mayoría. La senadora estatal demócrata Regina Barrow fue la autora de la propuesta, aunque la mayoría de los votos en contra provinieron de legisladores demócratas.
«Estamos hablando de bebés que son violados», enfatizó Barrow durante una reunión del comité en abril. «Eso es inaceptable».
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