La justicia peruana ha decidido extender la prisión preventiva del destituido expresidente Pedro Castillo por 14 meses más, prolongando su encarcelamiento hasta agosto de 2025. Esta medida forma parte de una investigación en curso sobre cargos de rebelión, conspiración y otros delitos graves.
Castillo fue arrestado en diciembre de 2022 tras intentar disolver ilegalmente el Congreso, lo que desencadenó una serie de protestas masivas y dejó decenas de muertos. La inestabilidad política resultante también afectó negativamente el flujo de inversiones en el país, especialmente en el sector minero, crucial para la economía peruana.
Contexto del caso
El Poder Judicial del Perú anunció la decisión de ampliar la prisión preventiva de Castillo a través de un comunicado en la red social X. Según el mensaje, la extensión del plazo se debe a que el proceso judicial contra el exmandatario se encuentra en una fase intermedia. Esta nueva medida se aplicará del 7 de junio de 2024 al 6 de agosto de 2025.
#PoderJudicial dicta prisión preventiva contra investigado por delitos de tocamientos indebidos y violación sexual en agravio de dos escolares. pic.twitter.com/HJnEjkCwkt
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) June 10, 2024
Dina Boluarte, quien era vicepresidenta y asumió la presidencia tras la destitución de Castillo, enfrenta actualmente una baja popularidad. Una encuesta reciente de Datum, publicada por el diario «El Comercio», reveló que su apoyo ha caído al 5%, el nivel más bajo registrado para un gobernante peruano en tiempos recientes.
Impacto en la economía y la sociedad
La crisis política desencadenada por los eventos de diciembre de 2022 no sólo afectó la estabilidad política, sino también la economía peruana, que depende en gran medida de la minería. La incertidumbre generada ha reducido significativamente el flujo de inversiones extranjeras y ha tenido un impacto directo en el bienestar económico del país.
Reacciones y perspectivas futuras
La ampliación del periodo de prisión preventiva de Castillo ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social peruano. Mientras algunos sectores apoyan la medida como un paso necesario para garantizar la justicia, otros la critican como un intento de prolongar el encarcelamiento de Castillo sin un juicio definitivo.
Baja popularidad de Dina Boluarte
Boluarte, quien asumió la presidencia tras la destitución de Castillo, enfrenta un desafío considerable con su baja popularidad. Con solo un 5% de apoyo según la encuesta de Datum, su gobierno debe lidiar con un alto nivel de descontento social y la presión de diferentes sectores que demandan soluciones a los problemas económicos y políticos del país.
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